Por José Martín Sánchez Vicente, colaborador del Observatorio de Política Internacional
La transición de mando en Perú, pone bajo escrutinio a su sistema electoral en medio de una complicada situación política, económica y social. Las fuerzas políticas en contienda usan todos sus recursos para tomar el Poder Ejecutivo. En ese escenario, el Bicentenario de la Independencia quedará marcado por las aspiraciones de cambio en medio de la crisis.
Introducción
En unos días, el 28 de julio, deberá tomar juramento el siguiente presidente del Perú, Pedro Castillo, así como los nuevos representantes del Congreso y Parlamento Andino. Ellos son los mismos que serán resaltados en la historia por formar parte del gobierno que conmemoró 200 años de independencia y en la cual se buscó la reflexión sobre cómo se desarrolló el país desde su fundación; sin embargo ¿cómo recibe el Perú su onomástico?
Para ello, se revisará el reciente proceso eleccionario iniciado el 11 de abril y que, al 9 de julio aún no concluyó con la proclamación del ganador o ganadora por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a una serie de mecanismos legales presentados por el partido político Fuerza Popular (Keiko Fujimori) y actuaciones políticas nacionales e internacionales.
Asimismo, se desarrollarán reflexiones en torno a la situación política del país y al escenario al que se enfrentará el gobierno entrante, postulando un nuevo inicio en su manejo, a raíz de un posible cambio en la Constitución de 1993.
Segunda Vuelta Presidencial
El 16 de abril se definió a los candidatos que pasarían a la segunda vuelta presidencial. En ese primer momento se visualizó la fragmentación del país, así como el poco interés de la población en el proceso electoral, completamente justificadas por la pandemia y el escándalo de vacunación privilegiada por parte de altas autoridades en el gobierno, el expresidente Martín Vizcarra y el actual, Francisco Sagasti.
En ese escenario, la contienda entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori comenzó con una ventaja notoria del primero sobre el segundo, lo que definió el rumbo de la estrategia política de ambos. Por el lado de Castillo, la moderación y las alianzas con partidos de centro marcarían el rumbo a seguir, mientras que Fujimori mantendría su discurso conservador y la adhesión a fuerzas políticas tradicionales que no compartirían el proyecto político de su contrincante, así como el aprovechamiento mediático en prensa nacional.
Durante los dos meses que duró la campaña de segunda vuelta, la polarización en el país se podría resumir a aventura vs. continuismo. Ambas candidaturas recurrieron a los elementos clásicos de confrontación, mentiras, adecuación del discurso y alianzas políticas, pero ninguna lograba superar el 50% en intención de voto, y el margen que los separaba se iba acortando a la vez que la fecha de votación se acercaba.
Los sondeos finales publicados una semana antes de la votación no marcaron un claro ganador o ganadora de la contienda, y tampoco midieron el impacto del único debate presidencial realizado por el JNE, que no logró desarrollar un mecanismo en la cual los candidatos lograran desarrollar sus propuestas de manera clara y concisa. El resultado fue un evento agotador para el espectador.
En el día de la elección se corrigieron errores logísticos de la primera vuelta, especialmente en cuanto a las recomendaciones de los horarios para ir a votar, puesto que en primer término se había dispuesto la votación de los ciudadanos de edad avanzada, lo que ocasionó la ausencia de voluntarios disponibles en las colas para completar la conformación de las mesas electorales que carecían de uno o más de sus miembros. De esta manera, el proceso se llevó con normalidad en todos los centros de votación, en los que la presencia de organismos de la sociedad civil nacional e internacional desempeñaron un rol importante como observadores del proceso a fin de garantizar la mayor transparencia posible.
Al promediar las 19 horas del 6 de junio, se dieron a conocer los resultados del sondeo a boca de urna que situaba a los candidatos Pedro Castillo con 49.7% y a Keiko Fujimori con 50.3%, según IPSOS. Este margen muy pequeño de diferencia suponía un conteo de votos muy reñido en la cual ambas agrupaciones políticas usarían los medios necesarios para garantizar el mejor resultado posible. Esa misma noche se dieron a conocer los resultados del conteo rápido en los que ambos candidatos invertían sus porcentajes, por lo que la expectativa a los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) marcaría las semanas venideras, en medio de plantones, marchas, vigilias e incluso enfrentamientos entre los miembros de ambas agrupaciones políticas.
El 15 de junio la ONPE terminó el conteo de los votos, y arrojó que Castillo contaba con el 50.125%, mientras que Fujimori, 49.875%. Sin embargo, ello no implicó el cierre definitivo de las elecciones, puesto que desde el partido de Fujimori se interpuso una serie de mecanismos legales con el objetivo de demostrar una supuesta cantidad de firmas falsas en las actas electorales, para que el estrecho margen de ventaja (44,058 votos) que sostenía Castillo pudiera ser revertido en caso les dieran la razón.
Este inicio de procesos legales no estaría exento de problemas. Se planteó la restricción en el horario de recepción de solicitudes de nulidad de votación en mesas de sufragio y se estableció que se aceptarían hasta las 20 horas del 9 de junio. Esto llevó a una primera disputa en cuanto a la admisión de cientos de solicitudes de nulidad de votación que Fuerza Popular quería presentar. Luego de la discusión legal y política (aunque aún permanece la legal), se dieron a trámite 135 de 945, que debían pasar primero por una primera revisión por parte de los Jurados Electorales Especiales de cada localidad en la que las actas fueran revisadas. Una vez concretado este filtro de admisibilidad, en donde no solo Fuerza Popular sino que también el partido de Castillo presentaron sus respectivas solicitudes de nulidad de votación, se debía pasar a un proceso de impugnación ante el JNE, como último órgano deliberador de los casos.
Durante la primera sesión en la cual se revisaron los casos, se vio una tendencia a rechazar las alegaciones del partido de Fujimori, lo que llevó a entender que ese sería el rumbo en los demás casos. Sin embargo, en medio de esta situación se conoció la “declinación irrevocable” de uno de los miembros del JNE, con una misiva en la que argumentaba posturas políticas y alertaba con ello la falta de quórum para las decisiones de los casos. Cabe resaltar que la legislación en materia electoral, estipula que el cargo al JNE no es renunciable mientras dure el proceso de elecciones, lo que llevó a otro altercado legal entre ambas fuerzas políticas, puesto que el presidente del JNE, el magister Jorge Luis Salas Arenas, interpretó la ley para juramentar al suplente del declinante y con ello retomar las audiencias.
En paralelo, como las alegaciones por parte de Keiko Fujimori sobre un posible fraude electoral se quedaban sin recursos, acudieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar una auditoría a las elecciones, tomando como ejemplo lo ocurrido en Bolivia, sin entender que las circunstancias en ambos países eran distintas. Pero el impulso político para Fujimori era necesario, a riesgo de solicitar el pedido al mismo presidente en ejercicio del Perú y recibir una respuesta negativa por parte del mismo. Efectivamente fue así: Sagasti indicó que el órgano encargado de la proclamación del ganador o ganadora es el JNE y que no cabía la necesidad de una auditoría internacional en tanto no se evidenciaba un fraude electoral.
Durante el mismo proceso, diferentes líderes de la región manifestaron su saludo a Pedro Castillo como virtual presidente del Perú, dando sus buenos deseos al gobernante entrante, sin embargo, ello devino en una respuesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que exhortó a evitar dichos pronunciamientos mientras el organismo respectivo no declarase un ganador. Fue una actuación acertada por parte del ente público, puesto que no es necesario polarizar aún más a la ciudadanía y, al mismo tiempo, logró enviar al exterior un mensaje importante de serenidad en medio de un proceso de transición de poder, que siempre acarrea inestabilidad social, económica y política.
¿Sillón Presidencial vacío?
La juramentación de los presidentes en el Perú se dan cada 28 de julio del año en el que se realizan las elecciones, tal como lo estipula el artículo 116 de la Constitución del 93; en ese sentido es el JNE el que tiene la atribución de declarar a las candidaturas elegidas según el inciso 5 del artículo 178 del mismo cuerpo legal.
Sin embargo, la situación actual del Perú pone de relieve la ausencia del ganador o ganadora definitivo del proceso electoral. En caso de que al 28 de julio aún no se declare un ganador, el Legislativo deberá subsanar el vacío político que ello genera: deberá elegir a la persona que ocupará la Presidencia y tomar el cargo provisional del Ejecutivo, similar al hecho que ocurre actualmente con Sagasti, quien fuera un congresista elegido entre sus miembros para tomar el cargo transitorio a raíz de la crisis política del 2020.
En este escenario, las fuerzas políticas se encuentran, por un lado, presurosas por obtener un resultado final, y por el otro, contribuyen a la dilación de los plazos legales sin un objetivo aparente, más que el de evitar la toma de posesión de Castillo y mover sus piezas en el Congreso para obtener un(a) gobernante afín.
Por lo que la lucha por el Poder Ejecutivo se mantiene, perjudicando la imagen del siguiente gobernante ante la ciudadanía y hacia el exterior.
Reflexiones
Al realizar una retrospección sobre la situación política del Perú, se observa que viene atravesando una seguidilla de eventos complicados desde las elecciones en 2016, cuando la intensa polarización y los juegos políticos internos llevaron al entonces presidente Pablo Pedro Kuczynski a renunciar tras un corto período en el cargo. En su lugar, asumió el cargo Martín Vizcarra, sin partido político ni aliados en el Congreso y considerado un traidor del expresidente. Vizcarra inició una campaña de confrontación al Congreso, lo que devino en su disolución y, casi en simultáneo, una vacancia presidencial, aunque finalmente el poco apoyo del Congreso y posteriormente una decisión del Tribunal Constitucional terminó por legitimar la disolución y el proceso electoral para nuevos congresistas que ya se encontraba en marcha.
Con el nuevo Congreso instituido para completar el periodo 2016-2021, las nuevas fuerzas políticas marcaron distancia con el Gobierno de Vizcarra, y acusaciones constantes de presuntos casos de corrupción y la filtración de audios y testimonios, llevaron finalmente a su destitución y, por lo tanto, a la asunción de un representante del Congreso. Ante la anterior renuncia de la segunda vicepresidenta Mercedes Araoz, fue elegido el presidente del Congreso, Manuel Merino, cuyo gobierno fue tan efímero como trágico, puesto que su renuncia se debió a la muerte de dos jóvenes en medio de las protestas contra su mandato.
En ese escenario toma posesión el actual presidente Sagasti, quien ha desempeñado un aceptable gobierno de transición, aunque sin mucho que resaltar, se caracterizó por la obtención de vacunas contra la COVID-19 y la progresiva apertura económica del país.
Bajo tal situación política, el siguiente gobernante tendrá un país muy fragmentado y dispuesto a salir a marchar cuando las políticas de gobierno no sean del agrado de determinados sectores sociales con capacidad de activación ciudadana. Asimismo, la crisis económica que atraviesa el país debe ser tomada con seriedad para evitar la implementación de proyectos arriesgados que lleven a un mayor endeudamiento. En cuanto a la salud, al 9 de julio se vacunaron 8.789.843 personas, pero los procesos de compra y recepción de fármacos deben mejorarse en la siguiente gestión.
En este sentido, las altas probabilidades de una toma de mando por parte de Castillo son notorias, y frente a ello es necesario analizar el escenario que él ha planteado desde su campaña hasta sus declaraciones después del día de la elección.
El “Ideario Programa”, del Partido Perú Libre, forma parte de los documentos bases para entender la visión de país que quiere implementar Castillo: un gobierno más fuerte y con mayor alcance a las zonas más alejadas del país, con un incremento fuerte del gasto público en áreas como educación y salud. Para ello, planteó la conformación de una Asamblea Constituyente que erija una nueva Constitución del Perú, proyecto que le valió de críticas, en razón de las cifras positivas de crecimiento que mostró Perú luego de la promulgación de la Constitución de 1993, aunque no logró el cierre de las brechas sociales; por esto, el discurso de una nueva Constitución será uno de sus planteamientos iniciales.
Frente a ello, existe una disputa legal entre expertos en el tema, ambos bandos tienen argumentos para sostener sus posturas sobre el llamado a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, más allá de la discusión, lo cierto es que la propuesta ya está sobre la mesa, y es por ello que se mantiene un velo de dudas sobre el horizonte que tomará el Gobierno de Castillo, que mantiene en sus discursos posturas contradictorias que no ayudan a aclarar la situación del país.
Por consiguiente, la apertura de una nueva constitución es complicada, más no su modificación a través del Congreso que puede verse presionada por el sector político que apoya a Castillo y que, por lo tanto, debe aprobarse una serie de modificaciones acorde al planteamiento del presidente entrante, siendo este medio el más seguro para evitar la implementación de una Constitución que sea proclive a permitir que partidos políticos o líderes se queden por más de un periodo en el poder.
Finalmente, modificaciones en la Constitución del Perú se realizarán con mayor probabilidad que si fuera la derogación de la misma, lo que igualmente implica la necesidad que manifiesta la población de tomar un nuevo rumbo para el país. Esto no debe significar un salto al abismo, sino una oportunidad de mayor integración.
Bibliografía
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Jurado Nacional de Elecciones. (2021). NULIDADES SE PRESENTAN ANTE LOS JURADOS ELECTORALES ESPECIALES. Jurado Nacional de Elecciones. https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Nota/9418
Red Investigativa Regional. (2021). JEE rechazaron el 100% de las nulidades de Fuerza Popular ingresadas en el plazo de ley. Ojo Público. https://ojo-publico.com/2811/el-100-de-nulidades-de-fuerza-popular-en-plazo-de-ley-son-rechazadas
Redacción eluniversocom. (2021). Jurado Electoral de Perú decidió no ampliar plazo para recibir impugnaciones a las elecciones. El Universo. https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/jurado-electoral-de-peru-decidio-no-ampliar-plazo-para-recibir-impugnaciones-a-las-elecciones-nota/
Redacción Gestión. (2021). Keiko Fujimori: Fuerza Popular presentó recursos de nulidad para 802 actas. Gestión. https://gestion.pe/peru/politica/keiko-fujimori-fuerza-popular-presento-recursos-de-nulidad-para-802-actas-nndc-noticia/
Redacción La República. (2021). Aliados de Keiko Fujimori piden auditoría de la OEA, pese a que observadores no detectaron fraude. La República. https://larepublica.pe/elecciones/2021/06/24/aliados-de-keiko-fujimori-piden-auditoria-de-la-oea-pese-a-que-observadores-no-detectaron-fraude-pltc/
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